El impago de las pensiones alimenticias es una situación que, desafortunadamente, afecta a muchas familias en España. Cuando uno de los progenitores incumple esta obligación, es importante conocer las opciones legales que existen para reclamar el pago de las pensiones adeudadas. En este artículo, vamos a analizar qué se entiende por pensión alimenticia, qué hacer en caso de impago y las acciones legales que se pueden tomar para recuperar lo que te corresponde.
¿Qué es la pensión alimenticia?
La pensión alimenticia es el monto económico que uno de los progenitores, generalmente el progenitor no custodio, debe abonar al otro para cubrir las necesidades básicas de los hijos. Esta pensión incluye alimentación, educación, vestimenta y cualquier otro gasto necesario para su bienestar.
De acuerdo con el artículo 93 del Código Civil (CC), en casos de separación o divorcio, el juez debe establecer una cantidad razonable que será destinada al sustento de los hijos. La obligación de pago de esta pensión no depende de la voluntad del progenitor, sino que es una carga establecida por ley.
Consecuencias del impago de la pensión alimenticia
El impago de la pensión alimenticia no solo causa perjuicios económicos a quien la recibe, sino que también puede conllevar graves consecuencias legales para quien incumple. El progenitor deudor puede ser objeto de medidas coercitivas como el embargo de bienes y la retención de su salario, medidas que se detallan seguidamente.
Además, bajo ciertas circunstancias, el impago de la pensión puede considerarse un delito, como abordaremos más adelante.
Opciones legales para reclamar el impago de pensiones
Si te enfrentas al impago de la pensión alimenticia, existen varias vías legales que puedes utilizar para reclamar lo que te corresponde:
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Reclamación extrajudicial
Como primer paso, es recomendable enviar una reclamación extrajudicial antes de acudir a los tribunales. Esto implica solicitar formalmente al progenitor incumplidor, mediante una carta o burofax, que cumpla con la obligación del pago de las pensiones alimenticias debidas, concediéndole un plazo para ello. En este documento es importante advertir de las consecuencias legales si no se procede al abono de la pensión adeudada.
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Acción ejecutiva
Si la vía extrajudicial no da resultado, la opción más rápida y directa es acudir a la ejecución de sentencia, que es un procedimiento civil. En este caso, se puede solicitar al Juzgado que ejecute dicha sentencia para obligar al progenitor deudor a pagar, encontrándose este proceso regulado en los artículos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
El Juzgado puede adoptar distintas medidas, como el embargo de bienes y salarios. Se trata de una de las herramientas más efectivas para garantizar el cobro de las pensiones impagadas. El artículo 608 de la LEC permite el embargo de bienes suficientes para cubrir la deuda, siempre respetando los límites legales. Si el progenitor deudor tiene propiedades o ingresos, se podrá embargar una parte proporcional de los mismos para saldar la deuda.
En este caso, no se aplica el límite consistente en solo embargar la parte del salario que exceda del Salario Mínimo Interprofesional, sino que será el juez el que decida la cantidad a embargar, atendiendo a las concretas circunstancias del caso.
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Denuncia por delito de impago de pensión de alimentos
Si el impago se extiende en el tiempo y abarca un período de dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, la vía penal es una posibilidad. Según el artículo 227 del Código Penal, el progenitor incumplidor puede ser denunciado, lo que implicaría la apertura de un procedimiento penal y que se enfrente a una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, además de tener que proceder al pago de las cantidades impagadas.
En conclusión, el impago de pensiones alimenticias es un problema serio que afecta tanto a los hijos como al progenitor que tiene la custodia. Afortunadamente, existen diversas opciones legales para reclamar las cantidades impagadas, desde la vía extrajudicial hasta la ejecución forzosa de la sentencia y la vía penal en los casos más graves. Cada una de estas vías tiene su propio procedimiento y consecuencias, por lo que es fundamental actuar con rapidez y conocimiento para proteger los derechos de los menores afectados. Si te encuentras en esta situación, contar con el apoyo de un abogado especializado te permitirá escoger la opción más adecuada y asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.